DECLARACIÓN DE LA RED NACIONAL DE ACCIÓN ECOLOGISTA

SÓLO HAY FUTURO CON UN AMBIENTE SALUDABLE

En el Día Nacional de la Conciencia Ambiental, la RENACE exige que se declare la Emergencia Socioambiental en todo el territorio argentino.

En este 27 de septiembre de 2006, fecha que recordamos el fallecimiento de siete personas, en un crimen aún impune como resultado de la desidia gubernamental, la laxitud en las leyes y la búsqueda ambiciosa de ganancias, los miembros de la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE) declaran que esas víctimas representan un porcentaje mínimo de las que todos los días perecen en nuestro país como consecuencia del hambre, el abandono, la falta de acceso a servicios esenciales como el agua, la salud y la educación, entre otros, y que muchas de ellas son producto de una errónea concepción del desarrollo, que hace que deban abandonar sus ambientes natales debido a la destrucción del mismo, para hacinarse en villas miserias.

EL DIAGNÓSTICO

Como ambientalistas sabemos que los diagnósticos ya no son necesarios puesto que los problemas son harto evidentes; aún así, consideramos necesario dar a conocer nuestra visión sobre el estado de situación de la Argentina.
Nuestro planeta se encuentra inmerso en una profunda transformación, siendo el más evidente el proceso del Cambio Climático debido al incremento exponencial de los gases de efecto invernadero en los últimos doscientos años. Los expertos aseguran que detenerlo es imposible y que sólo nos queda mitigarlo y adaptarnos. Nuestro país no está ajeno a esta situación y ya se verifican los cambios en la distribución de las lluvias, los períodos de sequía e inundación, y el lento pero persistente incremento de la temperatura año tras año. En un ciclo que se acelera en cada nueva estación, se reproducen los cambios y en eso influyen las actividades humanas. Sólo una visión muy sesgada de la realidad puede pretender que el deterioro de la calidad de vida se encuentra asociado de manera unívoca a las cuestiones económicas, políticas o sociales; bajo esa visión de los procesos económicos-productivos y sociales, se obvia la referencia al componente más importante: NUESTRO AMBIENTE.
Como estamos...
En un recorrido por los actuales problemas ambientales de nuestro país, vemos que en todos los casos coincide con situaciones de conflicto entre la sociedad, un determinado modelo de producción y consumo y el soporte natural.
A lo largo de toda la zona cordillerana, las explotaciones mineras a cielo abierto de Bajo La Alumbrera y Veladero, por citar sólo las más conocidas, están destruyendo el paisaje, los glaciares y un modo de vida sustentable, secando las escasas reservas de agua y contaminando con cianuro más allá de las fronteras provinciales tal como se ha podido detectar en Río Hondo (Santiago del Estero). La organización, la insurrección y la vigilia permanente de la población local, que ve afectado su futuro y el de sus hijos, han podido detener algunos proyectos como en Esquel (Chubut) y Chilecito (La Rioja), pero varias decenas esperan su aprobación en el marco de la Ley de Inversiones Mineras y al Tratado de Implementación Conjunta con Chile, ambos aprobados en los años 90.
En la Patagonia, hasta en los manuales de geografía de las escuelas primarias, se habla del problema del sobrepastoreo y la consiguiente erosión, situación que no ha cambiado y/o mejorado en los últimos años. A esta situación extrema, debemos sumarle los intentos de destrucción del bosque cordillerano a través de los incendios o siembra intensiva y extensiva de especies exóticas, la apropiación de fuentes de agua, la extranjerización del territorio, la explotación del petróleo, el proyecto latente de establecimiento de un basurero nuclear y la persecución y el despojo a los pueblos originarios a ambos lados de la cordillera.
En el centro del país, y en un salvaje proceso de expansión de las fronteras agropecuarias para atender a los mercados externos, se destruyen e incendian montes y bosques nativos, se avanza sobre tierras no aptas para la agricultura, expulsando a miles de pequeños productores y trabajadores del campo, que terminan engrosando las villas miserias de las grandes ciudades. Por otra parte se elimina la biodiversidad y se modifican los ciclos agrícolas, abriendo paso al monocultivo de soja transgénica, con el sistema de siembra directa y más de 150 millones de litros de pesticidas por campaña rociados sobre las cabezas de la población urbana y rural, que ya comienza a sufrir las consecuencias de una década de fumigaciones en forma de alergias respiratorias, enfermedades cutáneas, cánceres de distinto tipo y malformaciones congénitas. El paisaje cotidiano de silos y máquinas fumigadoras dentro de las áreas urbanas, otrora símbolo de progreso, comienza a percibirse como una agresión a la salud de los ciudadanos, que se movilizan en Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Chaco y Entre Ríos.
Como efecto colateral a este proceso de una agricultura sin agricultores, nuestras carnes de renombre internacional pierden ventajas comparativas al confinarse al ganado vacuno a las peores tierras o a los feed-lots, aplicando hormonas de engorde prohibidas y obligándolos a consumir alimentos balanceados de dudosa calidad y escaso control sanitario, con el fantasma de la “vaca loca” rondando los corrales. Una situación similar sucede con la producción tambera, habiendo eliminado actividades generadoras de mano de obra o produciendo leche maternizada con altos contenidos de pesticidas. Demás está decir que estos productos básicos de nuestra Soberanía Alimentaria han desaparecido de la canasta básica de muchos argentinos que hoy no pueden acceder a ellos ni en cantidad ni en calidad.
Las pesquerías continentales y marítimas se encuentran en un franco proceso de agotamiento por sobreexplotación: ni sábalo ni merluza forman parte importante de esa variada ictiofauna que nos caracterizaba hasta hace unos años. Y con ellos, desaparece toda una sociedad y una cultura relacionada al recurso.
La destrucción de los hábitats naturales conlleva la desaparición o retroceso numérico de especies enteras de pájaros, insectos, pequeños y grandes mamíferos, hierbas, arbustos y árboles, que cumplen una función esencial en el mantenimiento del sistema y que ya se encuentran sitiados por la agricultura, las urbanizaciones, las vías de comunicación y el cambio climático. En el polo opuesto se encuentra una política gubernamental errática en cuanto a áreas naturales de conservación, las que siempre serán pocas, en comparación a las necesidades: el monte chaqueño, la Selva de Montiel, la selva misionera y próximamente las Yungas y los últimos bosques nativos del chaco árido y del espinal, serán recordados sólo en fotografías.
Por otro lado debemos mencionar las explotaciones de uranio en Malargüe, Mendoza, y en Los Gigantes, Córdoba, con un alto impacto sobre el ser humano, por la concentración poblacional; ambas sin funcionar por el momento y donde se acumulan toneladas de desperdicios, con la remediación pendiente desde hace un lustro.
La contaminación del aire, del agua y del suelo se acentúa en los parques industriales, con su consiguiente impacto sobre las poblaciones circundantes, y en los polos petroquímicos de Bahía Blanca y La Plata (Buenos Aires), Gran Rosario (Santa Fe) y el paradigmático caso del Dock Sud, la Villa Inflamable y la cuenca del Riachuelo-Matanza, a las puertas de la capital nacional, con un impacto directo sobre 5 millones de argentinos, con un Estado ausente y desarticulado para realizar cualquier control.
El reciente conflicto por las pasteras de Fray Bentos, Uruguay, desnudó con vergüenza a nuestras propias plantas de producción de pasta de papel - con los consiguientes monocultivos de eucaliptos y pinos-, distribuídas en todo el país, con tecnologías productoras de dioxinas, una de las sustancias más tóxicas creada por la Humanidad.
Añadimos el profundo deterioro ambiental que sufre actualmente la costa atlántica, en especial la bonaerense, con motivo del robo de arena de sus playas y el terreno ganado al sistema dunícola por emprendimientos edilicios. Esto nos remite también a las tierras públicas urbanas donde los inversores inmobiliarios reciben especial atención por parte de las autoridades políticas mientras que los vecinos deben pelear por cada metro cuadrado de espacio verde; la lucha por esos espacios hoy trasciende el romanticismo, habiéndose formado redes en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.
En un país con el 85% de la población residiendo en áreas urbanas, resulta lógico que muchas de las problemáticas estén asociadas a las ciudades, como el inadecuado manejo de residuos cuyo caso más resonante es el del CEAMSE y los rellenos sanitarios “regionales”; la falta de acceso al agua potable y a cloacas sin sistemas de tratamiento; la proliferación de las antenas de telefonía celular sin los correspondientes Estudios de Impacto Ambiental (EIA), la contaminación del aire por el tránsito automotor y la elevación de las napas freáticas en partidos del Gran Buenos Aires; los transformadores con PCB; la pérdida de los cinturones verdes hortícolas, proveedores de alimentos frescos a escala local y regional; la aplicación de pesticidas en los espacios verdes; los ruidos; la coexistencia con industrias contaminantes.
Todo esto no debe verse en forma separada del hacinamiento y la violencia social. En este imparable proceso de urbanización a costa de tierras productivas de altísima calidad, sufren los más desprotegidos, los que no pueden acceder a los alimentos básicos, los que deben atenderse en hospitales sobresaturados y que terminan, en muchos casos, engrosando las filas del clientelismo político.
Los hornos incineradores de residuos patológicos, industriales, domiciliarios y crematorios, emiten sustancias altamente peligrosas, como las dioxinas y los furanos. Los incineradores han sido objeto de largas campañas de protesta, ante los oídos sordos oficiales y el aumento de las patologías asociadas a esos tóxicos, en las comunidades en las que se localizan: Zárate, Marcos Paz, Morón, El Bolsón, Crespo, Lanús, entre otras.
Dos elementos básicos para la supervivencia de una sociedad son motivo de discusiones permanentes: la energía y el agua. La matriz energética de nuestro país, basada mayoritariamente en el petróleo y el gas, tiene sus impactos globales y locales por la prospección, la destilación y el aporte de gases de efecto invernadero. La respuesta al futuro son las energías alternativas y hacia ellas, en este momento histórico, debieran apuntar los esfuerzos de toda la sociedad.
Un párrafo aparte merece la energía nuclear. En ese sentido, la RENACE entiende que el desarrollo de la generación nucleoeléctrica genera en todo su ciclo un riesgo tal que excede las posibilidades de protección y guarda. La experiencia demuestra que el Estado, a través de distintas administraciones, no ha cumplido para evitar la sumatoria de los pasivos ambientales, sitios contaminados, percances y desmanejos con materiales radiactivos. Ezeiza (contaminación con uranio y nitratos), Malargüe (desechos de la extracción de uranio) y Alta Córdoba, (almacenamiento en zona densamente poblada de miles de toneladas de residuos radiactivos), son sólo algunos ejemplos. El Estado, a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica, (CNEA) engaña a la población con un cálculo de costo-beneficio que excluye adrede el costo desmesurado de controles, saneamiento y remediación, que no ejecuta. Cuando en todo el planeta la opción nuclear está en retroceso, el gobierno nacional pretende implementar el Plan Nuclear Nacional como forma de diversificar la oferta, siendo contraria la RENACE a la utilización de tal energía.
El agua es un recurso vital. Esto lo saben las poblaciones de las zonas áridas, donde hoy deben disputar su posesión con los emprendimientos mineros devoradores de agua y energía. Pero también donde abunda, debe ser utilizada racionalmente: el agotamiento y contaminación del acuífero Puelches es un llamado de alerta para todos, al igual que la extracción de agua termal salada proveniente del Sistema Acuífero Guaraní y el posterior vuelco de la misma a los cursos superficiales. Por otro lado, las cíclicas sequías e inundaciones del Gran Chaco se han incrementado con la sistemática destrucción del otrora “Impenetrable”, poniendo en serio peligro la subsistencia de grandes poblaciones. En las ciudades, mientras tanto, el agua potable que cada vez cuesta más producir, se derrocha en usos suntuarios.
En este breve recorrido por una extensión tan amplia como nuestro territorio nacional, encontramos pruebas que permiten ratificar que los problemas sociales generan problemas ambientales y los problemas ambientales generan problemas sociales.Y ambos son hoy de una gravedad tal que nos pone a todos lo habitantes de esta tierra en serio riesgo de vida.
LA SOLICITUD
Por todo ello, la RED NACIONAL DE ACCIÓN ECOLOGISTA (RENACE), reclama al Gobierno Nacional, a los Gobiernos Provinciales y Municipales y a nuestros representantes electos, que se DECLARE la EMERGENCIA SOCIO AMBIENTAL EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
Pretendemos que se asuma la calidad de vida de todos los argentinos como una Política de Estado, ratificando el art.Nº 41 de nuestra Constitución Nacional, para lo cual es necesario que las estructuras gubernamentales y la sociedad en su conjunto debatan sobre estos problemas que amenazan nuestra vida presente y futura , asumiendo los cambios necesarios en la educación; a través de acciones punitivas a aquellos que transgredan; recuperando la Soberanía Alimentaria mediante el fomento de las producciones alternativas; protegiendo la biodiversidad, promoviendo las energías renovables y limpias y modos de producción y consumo que respeten los derechos de los que heredarán este país.
Este es el único camino viable que ayudará a los pueblos a conservar la TIERRA, NUESTRA CASA GRANDE, como único lugar posible para la VIDA que conocemos.

RED NACIONAL DE ACCION ECOLOGISTA

Anexo I
PETITORIO

RENACE reclama puntualmente, en una lista no taxativa:

1) APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES VIGENTES.
El Estado Nacional deberá garantizar en un plazo perentorio, el cumplimiento y estricto control de los derechos constitucionales y de las leyes y reglamentaciones vigentes en nuestro país, destinadas a resguardar a la sociedad y al ambiente.
2) AUDITORIA AMBIENTAL DEL CENTRO ATOMICO EZEIZA.
Se establezca el inicio, en un plazo de 30 días corridos, contados a partir de la recepción de la presente, de una auditoría radiológica y químico toxicológica independiente en el Centro Atómico Ezeiza, debido a la contaminación radiactiva y toxicológica. Requerimos que esa auditoría sea realizada por un laboratorio independiente, preferentemente del exterior, de la cual no deben participar ni la CNEA, ni la ARN, ni el Organismo Internacional de Energía Atómica. Exigimos además la realización de un estudio de caso control sobre morbilidad y mortalidad, donde se comparen las situaciones en los alrededores del CAE con otra zona comparable no afectada por actividades nucleares.
3) EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE ATUCHA II
Dentro de los 30 días corridos a partir de la recepción de la presente solicitud, que la CNEA presente, con plazo a determinar, la evaluación de impacto ambiental de la central nuclear Atucha II, y que dicha evaluación quede posteriormente abierta a la lectura y crítica pública. Igualmente, que se establezca la realización de audiencias públicas para evaluar los resultados de dicha evaluación de impacto ambiental, y de los errores que pudiera contener esa evaluación, y hayan sido señalados por expertos independientes. Requerimos que dicha evaluación incluya el riesgo por ataque terrorista con aviones de gran porte o por accidente aéreo, tanto de la planta nuclear como del depósito de residuos radiactivos de alta actividad que generará su funcionamiento (combustible agotado).
4) EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS EMPRENDIMIENTOS MINEROS.
Dentro de los 30 días corridos contados a partir de la recepción de la presente nota, se proceda a intervenir en forma directa e independiente, en la evaluación del impacto ambiental y los daños que provocó o pudiera estar provocando la mina de Veladero que opera Barrick Gold en la provincia de San Juan, y verifique el pleno cumplimiento de la Ley Nacional de Residuos peligrosos 24051/1992 y su reglamento 831/1993, en particular todo lo atinente a descarga de residuos, orgánicos e inorgánicos, y a daños provocados en las etapas de construcción de la ruta de acceso y de sus instalaciones, y en la etapa actual de operación. Igualmente, requerimos se cumpla y haga cumplir toda la normativa nacional vigente de la cual la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable es autoridad de aplicación. Como parte de este proceso, que se informe a la sociedad la totalidad de los resultados, los mecanismos de control y seguimiento, y las penalidades que se hubieran impuesto a la mina y la empresa responsable.
5) DECLARACIÓN DE EMERGENCIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO.
a) Declarar dentro de los 30 días corridos a partir de la recepción del presente petitorio, y hasta la resolución del conflicto, la emergencia ambiental y sanitaria de la Cuenca Matanza - Riachuelo para asegurar el derecho a la salud, a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano en los términos de los artículos 41 y 75, inc. 22 de la Constitución Nacional, haciendo respetar la ley General del Ambiente Nº 25.675 y la ley de acceso a la información pública ambiental Nº 25.831
b) El Poder Ejecutivo, sin perjuicio de la declaración de emergencia deberá adherir a la Ley N° 2.057 (Expediente N° 54.229/06), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 17 de agosto de 2006 que ha quedado automáticamente promulgada el día 13 de septiembre de 2006 y publicada en el B.O. el 20 de septiembre de 2006 , replicarla sobre el Riachuelo lado Provincia de Bs. As. y en el Matanza.
c) Obligar al cese de toda actividad que suponga en forma actual o inminente un daño al ambiente, así como la recomposición en caso de haber existido un daño ambiental,desde un fondo solventado por los responsables de la contaminación de la cuenca.
d) Evaluar especialmente el riesgo de ignición y/o deflagración, por accidente laboral, aéreo, o ataque bélico/terrorista en el Polo Petroquímico Dock Sud, desde lo ambiental, social y seguridad nacional.
6) EVALUACION AMBIENTAL Y MONITOREO DE LOS BIENES HÍDRICOS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEOS.
El Estado Nacional en conjunto con las provincias deberá proceder a realizar la evaluación y monitoreo permanente de calidad de las aguas, con especial atención al rio Paraná, Uruguay, Tercero de Córdoba y Litoral Atlantico, entre otros. En los cursos de aguas superficiales (saladas y dulces), se deberá relevar y actualizar el estado de situación de las poblaciones ictícolas, instrumentando las medidas necesarias para su conservación.
7) REVISIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE RESIDUOS SÒLIDOS URBANOS.
La Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable deberá revisar en el término de 90 días, y mediante consulta a los sectores involucrados pero con especial atención a las organizaciones de la sociedad civil, la Estrategia Nacional de Residuos Sólidos Urbanos (ENGIRSU). Esta herramienta debería basarse en la reducción del consumo y debería excluir lo referente al “modelo CEAMSE”, especialmente en lo que hace a la proliferación de rellenos sanitarios “regionales” y la facturación por tonelada.
En numerosos puntos del país se están planeando rellenos sanitarios bajo la impronta de este modelo: Mar del Plata, Rosario, Misiones, Tucumán, Chubut, Santa Cruz, Santa Fe, varias ciudades de Córdoba y otras más, los que están provocando resistencia en la población informada.
8) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS.
En el término de 120 días, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, en conjunto con los ministerios de jurisdicción nacional y provincial, deberá iniciar los estudios epidemiológicos en poblaciones afectadas ante situaciones de impacto ambiental, a saber:
a) Nuclear. Centro Atómico Ezeiza, Mina de extracción de uranio de Malargüe (Mendoza)
b) Pasteras. Capitán Bermúdez (Santa Fe), Alto Paraná (Misiones), Ledesma (Salta), Gualeguaychú (Entre Ríos)
c) Agrotóxicos. Poblaciones de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco, Salta, Santiago del Estero y Río Negro.
d) Minería. Poblaciones de las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza (zona cordillerana).
e) Contaminantes industriales, específicamente Compuestos Orgánicos Persistentes. Dock Sud, Bahía Blanca, Ensenada-La Plata (Buenos Aires), San Lorenzo (Santa Fe), Villa Mercedes (San Luis), entre otros.
f) Incineradores de residuos patológicos, industriales y crematorios. San Lorenzo (Santa Fe), Zárate (Buenos Aires).
El diseño de los protocolos de esos estudios deberá ser acordado con los expertos que designe la RENACE y con los representantes de los grupos de vecinos potencialmente afectados.Las tomas de muestras y trabajo en terreno deberá contar siempre y sin excepción con veedores elegidos por los grupos vecinales potencialmente afectados, y con los expertos veedores que designe la RENACE y los vecinos. Requerimos que los resultados sean inmediatamente comunicados a la sociedad.
9) AMPLIACIÓN DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS.
En el término de 120 días, la administración de los parques nacionales deberá pasar a la órbita de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Se deberá hacer efectivo el marco legal, jurídico y económico a las áreas naturales bajo protección. Ampliar la superficie de reserva hasta llegar al 7 % del territorio -índice recomendado internacionalmente- con muestras representativas de los ambientes originales del territorio nacional, siempre bajo la gestión estatal nacional o provincial.
10) RECHAZAR EL INGRESO DE RESIDUOS NUCLEARES RADIACTIVOS.
El Estado Nacional deberá dejar sin efecto en forma inmediata el convenio entre el gobierno de Australia y la empresa INVAP, en estricto cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional.
11) POLITICAS DE TIERRAS PUBLICAS URBANAS.
Reclamamos que en el término de 60 días corridos, el Estado Nacional dicte las normas correspondientes para que se reserven para uso y utilidad pública -preferentemente espacios verdes de acceso irrestricto- las tierras urbanas del dominio público del Estado Nacional en todos los pueblos y ciudades del país.