SENTENCIAS QUE INSTAN A CUMPLIR LEYES DE PRESERVACIÓN DEL PAISAJE

Resolución judicial por un amparo de los vecinos. Podrían embargar a funcionarios por no acatar fallos sobre Cariló. En 1998, los vecinos pidieron frenar la ola de inversiones inmobiliarias por el impacto ambiental. El municipio desoyó varias condenas y una jueza lo presionó CARILO.- Una jueza abrió el camino para embargar bienes personales de funcionarios municipales e iniciar una investigación penal que determine si éstos incurrieron en delitos por no acatar una serie de fallos judiciales que, entre otras medidas, ordenan reglamentar la ley provincial 12.099, que declara a este balneario como "paisaje protegido". La resolución, que lleva la firma de la titular del Tribunal Civil y Comercial Nº3 de Dolores, Silvia Mabel Edorna de Sánchez, responde a un recurso de amparo que en 1998 presentó la Sociedad de Fomento de Cariló para que las autoridades de Pinamar reglamenten aquella norma tendiente a controlar el impacto ambiental de la ola de nuevas construcciones. "Siempre cumplimos con las sentencias judiciales, pero puede que no satisfagan nuestras propuestas", dijo a LA NACION el intendente de Pinamar, Blas Altieri, en referencia a los fallidos intentos por reglamentar la ley en cuestión. Los vecinos ganaron la pulseada en los tribunales y, en marzo último, lograron que la Suprema Corte Bonaerense (SCB) dispusiera la ejecución de la sentencia. Entonces, los jueces dijeron que los funcionarios locales "crearon una mascarada de cumplimiento" de la condena. Y hasta plantearon la paralización de todas las obras si no se reglamentaba la ley. Ahora, la jueza entiende que los responsables de los poderes Ejecutivo y Deliberativo han obrado "con un desenfado poco visto en la Justicia", los acusa de conducirse en forma antijurídica y de no acatar medidas de no innovar que les impedían aprobar nuevas obras y les mandaban detener las que están en construcción. "Ni la determinación de las multas les ha generado la urgencia de cumplir", se lee en el fallo. Por eso, el viernes fijó un plazo de 20 días para que la administración de Altieri entregue un detalle de las obras autorizadas en Cariló, estudios de impacto ambiental y normativa general del municipio para este balneario. Entonces, resolverá si traba embargos sobre patrimonios personales del intendente y los ediles. "Es un pedido de la otra parte y es en demasía, no debe ser así", dijo Altieri, sorprendido. "Trataremos de aclarar este punto y apelarlo", anticipó. Pero el abogado de los demandantes, Federico Larruy, fue muy claro. Recordó que la Corte ya dispuso multas que pagarán todos los vecinos. "Nosotros queremos que sean los funcionarios los que paguen por su irresponsabilidad", destacó. Las multas, según el letrado, ya superarían el medio millón de pesos. La jueza admite que éstas mismas serán pagadas por el contribuyente de Pinamar, "convidado de piedra en este entuerto". El objetivo del amparo es fijar recaudos y límites a la masiva construcción de casas y hoteles en este destino de la costa atlántica. A pesar de los fallos, hay más de 40 obras en ejecución. La SCB ya dictó un fallo favorable a los vecinos en 2002 y dictó la ejecución de sentencia hace cinco meses. La jueza Edorna de Sánchez dice que los proyectos de reglamentación presentados por el municipio fueron "meras declaraciones de voluntades". Para los amparistas, la ola de inversiones inmobiliarias aún vigente -casi 280.000 metros cuadrados en poco más de ocho años- fue en perjuicio de la geografía y el medio ambiente de Cariló. Así lo entendieron desde los tribunales ordinarios hasta la Corte. Pero la jueza plantea que en la parte demandada parece "no querer ser entendido lo entendible". Dice que, a esta altura de los hechos, el paisaje protegido de Cariló "es una utopía". Por Darío Palavecino Enviado especial

Fuente: Diario La Nación 26/07/06. Pág. 16